Democracia Viva

Una lección aprendida, en la vida cotidiana, es que si una persona no participa en los asuntos públicos no existe como ciudadano o como sujeto de la democracia, porque hay quienes sólo cuentan con su voto y su pasividad, pero no cuentan con su existencia, dignidad, capacidad y responsabilidad cívica, en el ejercicio activo de su libertad, de tener parte en los asuntos de interés general y de interés local del Estado, ni con su derecho de velar porque esos intereses se gestionen de conformidad a la ética y legalidad.

Por eso compartimos, en todo su alcance, la fórmula cartesiana de la democracia moderna según la cual sólo existimos como ciudadanas y ciudadanos en la medida en que pensamos y participamos responsablemente, con información y conocimiento, en todo lo que atañe el destino nacional del pueblo.

La participación ciudadana es actualmente un derecho humano fundamental reconocido en la Constitución de la República, tratados internacionales y leyes.

En Honduras, la democracia participativa fundamenta la situación y las facultades de la ciudadanía para participar, en igualdad de oportunidades, en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas que correspondan al propósito de promover e impulsar bienestar, seguridad, paz y libertad para toda la Nación; y es también concebida para la integración nacional de los gobiernos constitucionales con la participación de todos los sectores políticos, como garantía de estabilidad política y de conciliación nacional.

Esa participación (que, para ser eficaz, requiere igualmente de condiciones apropiadas para el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública) consolida la democracia participativa y fortalece al Estado de Derecho, al reconocer a los ciudadanos y ciudadanas, como protagonistas y gestores de su propio destino colectivo con su derecho a la auditoría social sobre los actos de la autoridad pública para evaluar el cumplimiento de normas, procedimientos y resultados obtenidos conforme a los fines generales de la sociedad, así como para verificar la transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública por parte de los servidores del Estado.

Vivimos nuevos tiempos en los cuales estamos ejerciendo, amplia y progresivamente, la libertad de expresión y de pensamiento por medio de la ciudadanía activa, buscando participar realmente en los asuntos encomendados a los órganos e instituciones de la comunidad local y del Estado.

Con esa interacción constante lograremos que la vida pública pueda desarrollarse plenamente, asegurar la gobernabilidad y la estabilidad de las instituciones, y prevenir y combatir la corrupción y la ilegalidad en los actos de los servidores públicos que han comprometido o puedan comprometer la dignidad de nuestra sociedad y de nuestra República soberana.

Pero, tal como lo consigna la Declaración Universal sobre la Democracia: “Si bien la existencia de una sociedad civil activa es elemento primordial de la democracia, la capacidad y la voluntad de las personas de participar en los procesos democráticos y de elegir las modalidades de gobierno no pueden darse por sentadas. Por ello es necesario establecer condiciones que lleven al ejercicio auténtico de los derechos de participación, eliminando a la vez los obstáculos que eviten, obstaculicen o inhiban dicho ejercicio.

Por consiguiente, es indispensable fomentar permanentemente y de modo particular la igualdad, la transparencia y la educación, y eliminar obstáculos tales como la ignorancia, la intolerancia, la apatía, la falta de opciones y alternativas auténticas, y la ausencia de medidas destinadas a corregir los desequilibrios o la discriminación de carácter social, cultural, religioso y racial, o basado en el sexo”.

A partir de este año 2010, hay una aspiración social y un compromiso político generalizado de propiciar un cambio cierto y positivo en Honduras. El cambio verdadero debe llevar a la institucionalidad democrática a crear mejores condiciones y a eliminar obstáculos a la participación ciudadana, porque esa participación es ejercicio auténtico de un derecho humano y de una responsabilidad social de la ciudadanía que, de ese modo, generará pautas para una democracia viva legitimada y afianzada incesantemente por el diálogo y el entendimiento con los servidores públicos.

En la transición a un Estado de de justicia social con libertad y democracia cuyo valor supremo guía sea la dignidad humana, nuestra misión más urgente es provocar el cambio genuino hacia una República democrática eficaz, generando una cultura humanista de tolerancia, pluralismo, honestidad, paz e identidad nacional, para lo cual necesitamos insuflar la ética en el comportamiento en la familia, la sociedad y el Gobierno; disponer de políticas públicas explicitas y de legislación centradas en el bien común; y aplicar trasparentes y funcionales instrumentos de trabajo y de gestión.

Escribamos una nueva historia, en la cual las ciudadanas y los ciudadanos seamos todos realmente los soberanos, los colaboradores activos y los beneficiarios de nuestra forma democrática de gobierno y de nuestro sistema de vida en sociedad y en el Estado.